La reunión tuvo lugar este martes en el centro de retirados de la ciudad y contó con la participación de unas 30 personas. Durante la jornada, el equipo de la Unidad de Trámites Previsionales (UTP) expuso un informe sobre las gestiones desarrolladas en los últimos dos años, así como los lineamientos previstos para 2026.
Uno de los ejes principales fue despejar dudas en torno al cumplimiento de la normativa vigente. Desde la Provincia remarcaron que los haberes policiales se liquidan conforme a la legislación, incluyendo conceptos como antigüedad, riesgo profesional y dedicación exclusiva, descartando la existencia de irregularidades en perjuicio de los retirados.
En ese marco, también se abordó la legalidad de los decretos que complementan la ley de sueldos. Según se explicó, estas disposiciones forman parte de las atribuciones del Poder Ejecutivo y cuentan con respaldo técnico y jurídico, además de haber sido analizadas por la Justicia, lo que avala su validez dentro del esquema normativo.
Otro de los puntos que generó mayor interés fue el referido a la zona desfavorable. Las autoridades aclararon que no hubo retención de haberes, como se había planteado en algunos reclamos, sino diferencias en la forma de aplicar este adicional dentro de la estructura salarial. En ese sentido, se indicó que la cuestión fue revisada a partir de criterios judiciales que establecen que los ítems habituales deben ser considerados en el cálculo.
Asimismo, se reconoció que existieron aspectos a mejorar en la implementación, aunque se insistió en que no se trató de una quita de ingresos, sino de una cuestión técnica que actualmente cuenta con parámetros más definidos. Esta explicación permitió ordenar la información y reducir la incertidumbre en el sector.
Durante el encuentro también se brindaron detalles sobre la aplicación de la Ley 5505, que garantiza haberes mínimos previsionales y que comenzó a regir en agosto de 2025. Actualmente, alcanza a cerca de 400 beneficios en la provincia y representa una inversión mensual de alrededor de 40 millones de pesos. Se aclaró además que la normativa no contempla retroactividad, ya que su implementación depende de acuerdos con organismos nacionales como ANSES.
En el tramo final, los asistentes plantearon consultas vinculadas principalmente a los plazos y modalidades de cobro. Algunas propuestas orientadas a mejorar los mecanismos de liquidación quedaron a consideración para su análisis.
